Por: Luis Alfonso Mena S. Director del periódico Paréntesis, de Cali, Colombia * – junio 19 de 2012
Si algo se constató en desarrollo del Tribunal Mundial de Libertad Sindical realizado en Bogotá es que en Colombia no existe libertad para el ejercicio del sindicalismo. Por tal razón, en su sentencia, el Tribunal condenó al Estado colombiano “por ser responsable de los hechos sistemáticos de violación del principio de libertad sindical, en calidad de autor directo, coautor, cómplice o encubridor de homicidios, lesiones, torturas, privaciones ilegítimas de la libertad, atentados, amenazas, despidos y represalias con motivo del ejercicio de la actividad”.
Como se indica en el preámbulo de la sentencia, el Tribunal Mundial de Libertad Sindical es un órgano de carácter ético “fundado por representantes de la sociedad civil que pretenden denunciar y hacer visible, ante la comunidad nacional e internacional, la sistemática violación en Colombia de una de las libertades fundamentales de la persona humana: la libertad sindical”. La importancia de esta instancia, es que “no sustituye a los tribunales formales sino que coadyuva a que las normas nacionales e internacionales se reconozcan y apliquen”, y, en consecuencia, posee una indudable legitimidad. Sus sentencias son enviadas a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Durante cuatro días, dirigentes y activistas de 81 organizaciones sindicales de todo el país se reunieron para presentar sus denuncias ante el Tribunal, integrado por prestantes magistrados procedentes de Argentina, Cuba, Francia y México. La organización de las sesiones del Tribunal, instalado en el Capitolio Nacional el martes 22 de mayo y desarrollado en el auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional entre el miércoles 23 y el viernes 25 de mayo, estuvo a cargo de la Asociación de Abogados Laboralistas de Trabajadores y de la Federación Sindical Mundial seccional Colombia.
Luego de las exposiciones de los diferentes delegados, el panorama que se deriva es francamente oscuro para el ejercicio de una de las actividades que define y caracteriza una sociedad democrática: el sindicalismo. Aunque nominalmente se reconoce el ejercicio del derecho de asociación sindical por parte del Estado colombiano, en la práctica se vulnera por las restricciones y las persecuciones que los patronos privados y gubernamentales imponen y practican.
El nivel de sindicalización en Colombia ha descendido de manera dramática, de acuerdo con cifras reveladas en la instalación del Tribunal por la senadora Gloria Inés Ramírez, mientras que en 1970 el 14% de los trabajadores estaba organizado sindicalmente, en 2012 sólo lo está el 4%, aunque la población en edad de laborar es de 22 millones de personas.
En relación con este punto, se dieron a conocer en el Tribunal numerosos casos. Entre ellos, el de la Universidad Santiago de Cali (USC), donde el Sindicato de Trabajadores de la USC (Sintrausc) fue borrado del mapa a través de la presión
sobre los empleados, a quienes se les obligaba a renunciar
al mismo so pena de no renovarles sus contratos, en clara violación de las normas legales, constitucionales e internacionales. La denuncia fue presentada en el certamen por el presidente de Sintrausc, Óscar Alarcón, y respaldada por los delegados del Sindicato de Profesores de la USC (Siprusaca), también presentes en el Tribunal.
La persecución también fue vivida por los empleados del controvertido Grupo Empresarial Saludcoop, quienes, como lo denunció la presidenta de su sindicato, Luz Fanny Zambrano, cuando constituyeron la organización sufrieron el despido “maratónico” de la mayoría de los fundadores.
Otra condición desfavorable para los trabajadores en Colombia es la tercerización: cooperativas, corporaciones, empresas intermediarias, bolsas de empleo, contratos de prestación de servicios, contratos sindicales, etc. no sólo pauperizan el empleo sino que constituyen el camino expedito de los patronos particulares y estatales para desestimular y evitar la sindicalización. Una de las denuncias hechas en el Tribunal fue la formulada por la Federación de Trabajadores al Servicio del Estado (Fenaltrase) seccional Antioquia. Su presidenta, Martha Pulgarín, reveló que, a pesar de que está prohibida la contratación por esa vía en los hospitales públicos, el 60% de la nómina de estas insituciones corresponde a esa modalidad. En similar sentido se pronunció la Asociación de Empleados y Trabajadores de la ESE Metrosalud (Asmetrosalud) de Medellín, a través de Gloria Patricia Cadavid, quien denunció el grave proceso de tercerización en esta entidad pública.
Otra práctica que atenta contra el libre ejercicio sindical es la utilización de organizaciones sindicales de bolsillo e, incluso, de centrales obreras como la CGT. Este tipo de ‘sindicalismo’ se ha generalizado principalmente por parte de patronos privados para perseguir y evitar el sindicalismo independiente y clasista. En desarrollo del Tribunal se revelaron varios casos. Uno de los más graves es el denunciado por Camilo Acero, de la USO seccional Meta. Según Acero, la multinacional Pacific Rubiales Energy creó un sindicato patronal para evitar la presencia de la USO, cuyos integrantes son perseguidos hasta el punto de, que luego de las luchas libradas en 2011,
alrededor de 4.000 obreros y que los trabajadores afiliados a este sindicato terminaron siendo desterrados de los campos petroleros.
Otra forma de ataque al sindicalismo es la amenaza permanente de procesos judiciales contra los directivos sindicales. Esta práctica busca limitar la acción de los trabajadores a través de justicia laboral. Esto fue lo que revelaron, por ejemplo, los delegados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (Sintrafe), quienes, a través de Carlos Julio Hincapié, vicepresidente de la organización, mostraron de manera didáctica y contundente los mecanismos de presión del famoso oligopolio, que ha llegado incluso a denunciarlos ante la Fiscalía simplemente por protestar contra el despido de sus compañeros.
Otra constante en la violencia ejercida contra los sindicalistas es la violencia física. Los ataques a los derechos humanos se erigen como factores que gravitan en el declive de los niveles de sindicalización en Colombia y operan como circunstancias recurrentes en la historia del país, que, de acuerdo con cifras dadas a conocer en el Tribunal, en las últimas dos décadas han dejado el lamentable resultado de más de 4.000 activistas y dirigentes sindicales asesinados.
Un caso paradigmático, por lo doloroso, y que conmovió a los más de 250 asistentes al Tribunal fue el testimonio rendido por Carmen Yamusa, dirigente de la Asociación Sindical Nacional de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud (Anthoc), quien perdió a cuatro hermanos, líderes sindicales y sociales, asesinados por paramilitares, además de que estuvo detenida durante 25 meses junto a su hermana Nieves y a su sobrino de año y medio de edad. Todo para tratar de romper su voluntad de lucha.
Otro caso es el de varios de los trabajadores de la Gobernación de Antioquia, obligados por paramilitares a acogerse a planes de retiro ‘voluntario’, según denunció en el Tribunal el dirigente sindical Juan Manuel Monsalve.
El movimiento sindical colombiano, en la etapa que atraviesa, debe recomponer su camino para enfrentar el aislamiento al que lo somete el capitalismo neoliberal, un sistema que reconoce, porque le toca, la vigencia de los derechos sindicales, pero que a través de su legislación y de mecanismos de presión y de violencia que patrocina o tolera los desconoce.
Por ello, se impone hoy más que nunca la educación política de los trabajadores, como dijera en el Tribunal Omar Augusto López Pemberthy, presidente de la Asociación de Trabajadores de la Caja de Compensación Familiar de Antioquia (Asotracomfama), para enseñarles a luchar y no sólo luchar por ellos.
La condena del Tribunal Mundial de Libertad Sindical contra el Estado colombiano por violación al derecho de asociación de los trabajadores constituye un hecho de gran importancia, cuya repercusión dependerá del impulso que le den los sindicatos y la Central Unitaria de Trabajadores para evitar que se convierta en un canto a la bandera.
